Chicago vuelve a estar en el centro del debate nacional con una medida que promete marcar un antes y un después en la relación entre los gobiernos locales y las autoridades federales. El alcalde Brandon Johnson firmó una orden ejecutiva que convierte a la ciudad en una “zona libre del ICE”, un paso audaz que busca proteger a las comunidades inmigrantes y limitar la presencia de agentes federales en espacios públicos.
La iniciativa, que ya genera tensiones políticas a nivel federal, prohíbe que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) utilicen propiedades municipales —como escuelas, bibliotecas, parques o estacionamientos— para llevar a cabo redadas, operativos o detenciones. En palabras del alcalde, la meta es clara: “defender los derechos de los residentes y poner fin a los abusos que han sembrado miedo y desconfianza en nuestras comunidades”.
Un escudo cívico contra los excesos federales
Según la administración local, esta orden busca establecer un “escudo cívico” que limite las prácticas consideradas dañinas o arbitrarias en el control migratorio. A partir de ahora, cada edificio o terreno perteneciente a la ciudad deberá tener carteles visibles que indiquen que dichos espacios no pueden ser utilizados para la aplicación de leyes de inmigración civil, ni como zonas de preparación o procesamiento.
Pero la medida no se queda solo en lo simbólico. Los distintos departamentos municipales tendrán cinco días para identificar los lugares que podrían ser vulnerables a estas actividades y colocar las señalizaciones correspondientes. Además, cualquier intento de uso indebido de estos espacios deberá ser reportado directamente al Ayuntamiento y al Asesor Jurídico de la Ciudad.
El gobierno de Johnson también ha extendido una invitación a negocios y organizaciones privadas para que se sumen voluntariamente a esta causa, colocando letreros oficiales que declaren sus propiedades como zonas libres del ICE. Es un gesto de resistencia local, pero también de solidaridad con miles de familias inmigrantes que, por años, han vivido bajo la sombra de la deportación.
Una respuesta a una escalada de tensiones
La orden ejecutiva llega tras semanas de creciente tensión entre la administración local y los agentes federales desplegados en Illinois. Diversos videos difundidos en redes mostraron redadas violentas, uso de gases lacrimógenos frente a escuelas y hasta la detención temporal de una concejala en funciones.
Estos incidentes fueron, según las autoridades de Chicago, la gota que derramó el vaso. La concejala Jessie Fuentes denunció públicamente que los agentes del ICE han actuado “con violencia física” e incluso han trasladado a personas a hospitales debido a los daños sufridos durante los operativos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que más de 900 personas fueron arrestadas en Illinois desde el 8 de septiembre como parte de la “Operación Midway Blitz”, impulsada por el gobierno de Donald Trump. Para el alcalde Johnson, esto no solo representa un exceso de poder, sino una amenaza directa al tejido social de la ciudad.
“Nadie está por encima de la ley”
Durante una conferencia de prensa, Johnson fue enfático: “Si el Congreso no controla a esta administración, Chicago lo hará”. Con esta frase, el alcalde dejó claro que su gobierno no permanecerá pasivo ante lo que considera una violación de derechos humanos y un intento de socavar la democracia local.
El alcalde aseguró que la nueva orden no impide la aplicación de leyes penales ni las investigaciones judiciales legítimas, sino que está dirigida exclusivamente a los operativos migratorios civiles. En otras palabras, la ciudad no busca interferir con la justicia, sino evitar que las familias inmigrantes sean tratadas como criminales.
Por su parte, el superintendente de policía, Larry Snelling, aclaró que los oficiales de Chicago no detendrán a los agentes federales, pero sí trabajarán para garantizar el cumplimiento de la orden ejecutiva. “Utilizaremos todas las herramientas disponibles para proteger la integridad de nuestras comunidades”, añadió Johnson.
Un choque con Washington
Como era de esperarse, la respuesta del gobierno federal fue inmediata y contundente. En redes sociales, la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca calificó la medida como una “repugnante traición”, acusando al alcalde de “ayudar a criminales y traficantes”.
Desde Washington, se consideró que la orden ejecutiva representa una “intensificación peligrosa de la agenda santuario de los demócratas”, mientras que en Chicago muchos la ven como un acto de dignidad y autonomía local frente al intervencionismo federal.
Más allá de la política: el mensaje de Chicago
Más allá de los titulares y las declaraciones cruzadas, lo que está en juego es algo mucho más profundo. Con esta decisión, Chicago reafirma su identidad como ciudad refugio, un lugar donde la diversidad no solo se tolera, sino que se protege.
El mensaje del alcalde Johnson es tan político como humano: ningún residente debe vivir con miedo por su estatus migratorio. En tiempos en que el tema migratorio vuelve a polarizar al país, la “Zona libre del ICE” se convierte en un símbolo del poder de las comunidades locales para decir “basta” y trazar sus propios límites frente al abuso.
En palabras del propio alcalde: “Defender a nuestras comunidades no es un acto de rebeldía, es un acto de justicia”.
Y, por ahora, Chicago ha decidido hacerlo con fuerza, convicción y un mensaje claro: la ciudad pertenece a su gente, no al miedo.