El Congreso de la Ciudad de México acaba de dar un paso que ha generado un torbellino de reacciones: con 61 votos a favor y solo uno en contra, se aprobó la realización de “corridas de toros sin violencia“. La decisión, que nació de una iniciativa ciudadana originalmente enfocada en la prohibición total de estos eventos, ha sido modificada para permitir la tauromaquia, pero sin causar daño o muerte a los animales.
Una propuesta que dividió opiniones
Desde que se anunció el debate en el Congreso, los alrededores del recinto legislativo se convirtieron en escenario de protestas. Por un lado, defensores de los derechos de los animales celebraban el avance hacia una práctica menos violenta. Por otro, los aficionados a la “fiesta brava” y quienes dependen económicamente de ella veían con preocupación las modificaciones que podrían transformar por completo el espectáculo.
La iniciativa, que contó con el respaldo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propone eliminar el uso de objetos punzantes como la puya, las banderillas y el estoque. Además, se reduciría el tiempo de lidia a un máximo de 10 minutos por toro y se impondrían sanciones económicas de hasta 3,000 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (equivalente a aproximadamente 16,970 dólares) si el animal sufre lesiones o muere.
¿Evolución o fin de una tradición?
Para algunos legisladores, como Jesús Sesma, este cambio representa un avance hacia una sociedad más empática con los animales. “Hemos venido maltratando a otros seres vivos por diversión durante muchos años. Es momento de evolucionar“, afirmó. Pero del otro lado, figuras del gremio taurino como Raúl Pérez Johnston consideran que esta versión “sin violencia” desvirtúa completamente la esencia de la tauromaquia. “Es como cambiar el balón de fútbol por uno de rugby y seguir llamándolo fútbol“, ejemplificó.
Además, hay preocupaciones prácticas. La iniciativa establece que los toros deberán ser devueltos a la ganadería tras la corrida, pero expertos advierten que esto podría generar problemas sanitarios y de reinserción en las manadas. En otros países donde se han intentado regulaciones similares, como las Islas Baleares en España, el resultado ha sido la vuelta a la tauromaquia tradicional tras declararse inconstitucionales las restricciones.
Un impacto económico incierto
Más allá del debate moral, hay un factor económico que no puede ignorarse. La industria taurina genera empleos en ganadería, transporte, turismo y comercio local. Con esta reforma, algunos sectores temen una caída en la afluencia de espectadores y, por ende, una crisis para quienes dependen de estos eventos. Aunque Sesma asegura que la transición será gradual y que se buscará proteger a los trabajadores del gremio, los opositores creen que el cambio podría significar la desaparición progresiva de la tauromaquia en México.
¿Y ahora qué sigue?
Los taurinos han adelantado que explorarán opciones legales para frenar la iniciativa, desde amparos hasta impugnaciones por inconstitucionalidad. Mientras tanto, la aprobación del dictamen en lo general es solo el primer paso; la regulación específica y su implementación podrían generar nuevos enfrentamientos en los próximos meses.
Este es un tema que, sin duda, seguirá dando de qué hablar. Para algunos, representa un compromiso entre la tradición y el bienestar animal; para otros, un intento a medias que ni protege a los toros ni satisface a los aficionados. ¿Tú qué opinas? ¿Es un paso en la dirección correcta o el principio del fin para las corridas de toros en México?
