El Congreso de El Salvador ha aprobado recientemente una reforma constitucional de alto impacto político: la posibilidad de la reelección presidencial indefinida. La medida, impulsada por la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa y ratificada sin un debate público previo, marca un punto de inflexión en el sistema político salvadoreño y ha generado tanto apoyo popular como una oleada de críticas dentro y fuera del país.
Una reforma polémica sin contrapesos
Con 57 votos a favor de un total de 60 diputados, la Asamblea —dominada por el partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele— avaló una modificación sustancial del orden constitucional. La reforma no solo permite la reelección indefinida del presidente, sino que amplía la duración del mandato de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral. Además, establece que el actual periodo presidencial finalizará en 2027, y no en 2029 como estaba previsto, para hacer coincidir las elecciones presidenciales con las legislativas y municipales.
Para los legisladores oficialistas, estos cambios buscan “darle más poder al pueblo” y fomentar la estabilidad política y jurídica. Según argumentan, la extensión del mandato reducirá los costos electorales y permitirá mayor continuidad en las políticas públicas.
Sin embargo, la oposición no comparte esta visión. Diputados como Marcela Villatoro (ARENA) y Claudia Ortiz (VAMOS) han denunciado la reforma como un intento claro de concentrar el poder en un solo grupo político, alertando sobre el debilitamiento de la democracia y la falta de participación ciudadana en el proceso. Durante la sesión parlamentaria, Villatoro alzó un cartel que leía: “Este día murió la democracia”.
Un camino allanado por el control institucional
La reelección de Bukele en 2024 ya había sido posible gracias a una polémica reinterpretación de la Constitución realizada por una Sala de lo Constitucional integrada por jueces afines al presidente. Esta decisión fue ampliamente criticada, ya que la Carta Magna salvadoreña prohibía explícitamente la reelección consecutiva.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que esta acumulación de poder forma parte de un proceso más amplio de deterioro democrático. La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, ha comparado la situación con la evolución política de Venezuela, donde la popularidad de un líder fue usada como plataforma para desmantelar los contrapesos del Estado.
Seguridad a costa de libertades
Gran parte del respaldo popular hacia Bukele proviene de su política de mano dura contra las pandillas. Desde que inició su primer mandato en 2019, el país ha visto una drástica reducción en los índices de homicidios, lo que ha transformado a El Salvador —anteriormente uno de los países más violentos del mundo— en uno de los más seguros de la región.
Este logro se ha conseguido bajo un régimen de excepción que lleva más de tres años en vigor y que ha permitido detenciones masivas. No obstante, organismos internacionales y ONGs han denunciado múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo arrestos arbitrarios, falta de debido proceso y condiciones inhumanas en centros de detención como el CECOT, la megacárcel de máxima seguridad.
Bukele ha respondido a las críticas con desdén. “Prefiero que me llamen dictador a permitir que los salvadoreños mueran en las calles”, afirmó en un discurso, dejando claro que para su administración, la seguridad ciudadana justifica medidas extraordinarias.
Represión de voces críticas y éxodo de periodistas
Paralelamente, el gobierno ha sido acusado de reprimir sistemáticamente a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. Las detenciones de figuras como Ruth López y Enrique Anaya, ambos críticos del gobierno, han encendido las alarmas sobre un uso instrumental del aparato judicial para acallar disidencias.
El contexto de represión ha provocado que decenas de periodistas y activistas abandonen el país por temor a represalias. Entre ellos se encuentran integrantes del medio digital El Faro, quienes aseguran haber sido objeto de intimidaciones y amenazas tras publicar investigaciones que involucran al gobierno con pactos con pandillas, acusaciones que Bukele niega rotundamente.
La Ley de Agentes Extranjeros, aprobada este año, también ha sido vista como un intento de asfixiar legal y económicamente a medios y organizaciones independientes, obligándolos a registrarse y pagar impuestos del 30% sobre fondos externos.
La paradoja de la popularidad
Pese a las advertencias sobre una posible deriva autoritaria, Bukele mantiene una altísima aprobación popular. Encuestas recientes le atribuyen más del 80% de respaldo, un nivel difícil de encontrar en otros mandatarios latinoamericanos. Para muchos salvadoreños, los logros en materia de seguridad pesan más que las restricciones a las libertades civiles.
No obstante, estudios como los del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) advierten que una mayoría de salvadoreños también reconoce que criticar al presidente puede traer consecuencias negativas. Esto sugiere que la opinión pública favorable a Bukele se produce en un contexto de concentración mediática, control institucional y miedo a la disidencia.
¿Una democracia en riesgo?
Para analistas como Bessy Ríos y organizaciones como Cristosal, El Salvador ha entrado en una fase de autoritarismo abierto. Denuncian que la narrativa oficial, que presenta la reforma constitucional como una victoria del pueblo, en realidad encubre un proceso de consolidación de poder sin límites. “Estamos viviendo una dictadura de facto”, advierten.
El propio Bukele, que en 2019 se refería a mandatarios como Nicolás Maduro o Daniel Ortega como dictadores por aferrarse al poder, hoy defiende la reelección indefinida como un derecho legítimo de los pueblos. “El 90% de los países desarrollados permiten la reelección. Pero cuando lo hace un país pequeño como El Salvador, se convierte en un escándalo”, dijo recientemente.
El futuro político de El Salvador dependerá ahora de las elecciones de 2027, en las que Bukele podría optar nuevamente por la presidencia. En ese escenario, la ciudadanía enfrentará una elección crucial: avalar la continuidad de un modelo centrado en la seguridad y la figura del líder o apostar por un retorno a una institucionalidad democrática más robusta.