El primer ministro Keir Starmer anunció recientemente que todos los trabajadores en el país estarán obligados a tener una identificación digital. El objetivo, según el gobierno, es controlar la inmigración irregular y facilitar el acceso a servicios públicos. Pero la propuesta ha desatado una tormenta política y social, con críticas que van desde preocupaciones sobre la privacidad hasta temores de vigilancia masiva.